CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL EN BUENOS AIRES

 

 La ausencia de ejemplaridad que condiciona el futuro de la provincia.

 

Por Miguel Donadío

 

La relación entre ética pública y desarrollo ya no admite demasiadas discusiones en el mundo contemporáneo. Los informes anuales de Transparencia Internacional vienen demostrando desde hace décadas que los países con menores índices de corrupción son también aquellos que alcanzan mayores niveles de bienestar, estabilidad institucional y progreso económico. La conclusión parece elemental: cuando la política administra con honestidad, la sociedad prospera.

Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires ocurre exactamente lo contrario. Y en el centro de esa problemática aparece una figura sobre la cual gran parte del discurso político y mediático construyó una imagen de presunta ajenidad respecto de las prácticas corruptas tradicionales: el gobernador Axel Kicillof.

La narrativa oficial intenta mostrar a Kicillof como un dirigente distante de las inmoralidades estructurales de la política bonaerense. Pero la realidad expone otra cosa: un gobernador que frente a la corrupción instalada en el corazón del poder provincial permanece ciego, sordo y mudo.

Ciego, porque nada parece advertir en su entorno más cercano. Los escándalos que involucraron a dirigentes de máxima cercanía política, como Martín Insaurralde o el ex ministro de Transporte Jorge D’Onofrio, son apenas ejemplos recientes de una estructura donde los episodios de corrupción dejan de ser excepcionales para transformarse en parte del paisaje cotidiano.

Sordo, porque resulta imposible creer que desde la Gobernación no se hayan escuchado los ecos del caso “Chocolate” Rigau, uno de los mayores escándalos vinculados al manejo de fondos políticos en la Legislatura bonaerense, precisamente en un ámbito dominado por aliados y socios del oficialismo provincial.

Y mudo, porque durante toda su gestión jamás se escuchó de boca del gobernador una política integral, un discurso contundente o un proyecto relevante destinado a combatir la corrupción estructural de la provincia. No hubo reformas institucionales profundas, ni iniciativas ejemplificadoras, ni señales claras de intolerancia frente a los abusos del poder.

La ausencia de ejemplaridad en la cima del Estado tiene consecuencias directas sobre la sociedad. Cuando quienes gobiernan no establecen estándares éticos claros, el deterioro institucional termina naturalizándose. Y eso es precisamente lo que ocurre en Buenos Aires: la corrupción dejó de sorprender porque gran parte de la ciudadanía terminó convencida de que se trata de un fenómeno inevitable.

El problema no es únicamente político. También es cultural y estructural. La provincia exhibe un sistema donde la debilidad judicial frente a los hechos de corrupción convive con un fuerte esquema de condicionamiento mediático a través de la pauta oficial, mecanismo que muchas veces contribuye a mantener en penumbras innumerables negociados de la política.

La consecuencia es una sociedad desinformada sobre la verdadera dimensión de los entramados corruptos que atraviesan distintas áreas del poder provincial.

Sin embargo, la historia demuestra que la ejemplaridad pública puede modificar profundamente la conducta institucional de un país.

Existen numerosos ejemplos de dirigentes que entendieron que la ética en el ejercicio del poder no es un gesto simbólico, sino una obligación moral indelegable. El general Pablo Riccheri, por ejemplo, rechazó beneficiarse personalmente de una comisión encubierta durante la compra de armamento para el Estado argentino y ordenó utilizar ese dinero para adquirir más fusiles para el Ejército.

Elpidio González, ex vicepresidente de la Nación, rechazó incluso una pensión honorífica cuando atravesaba dificultades económicas, en un gesto de austeridad que quedó grabado en la historia política argentina.

En Francia, Charles de Gaulle pagaba de su bolsillo los consumos familiares de sus nietos realizados en el Palacio del Elíseo. En Suecia, el célebre “affaire Toblerone” obligó a renunciar a una viceprimera ministra por utilizar recursos públicos para gastos personales menores como la compra de un chocolate. En Finlandia, la entonces primera ministra Sanna Marín debió reintegrar dinero al Estado por consumos familiares de sus hijos en la residencia oficial. En Nueva Zelanda, un ministro dejó su cargo tras utilizar un teléfono oficial para hablar con su hija en el exterior.

Y en Argentina, la figura de Arturo Illia continúa siendo uno de los símbolos más contundentes de austeridad y honestidad republicana.

Todos esos casos comparten un mismo principio: la ética pública comienza desde arriba. Los liderazgos políticos que transformaron positivamente sus países fueron aquellos que entendieron que la autoridad moral constituye una condición indispensable para gobernar.

La provincia de Buenos Aires atraviesa desde hace años una crisis estructural que excede lo económico o lo administrativo. Se trata de una crisis ética. Y mientras no exista una decisión política frontal para combatir la corrupción desde la máxima conducción del Estado provincial, difícilmente pueda construirse un horizonte de desarrollo sostenible.

Buenos Aires posee recursos humanos, capacidad productiva y una dimensión económica comparable con muchas naciones del mundo; pero ningún potencial alcanza cuando la degradación institucional se vuelve norma.

La discusión de fondo ya no pasa únicamente por la eficiencia de gestión, sino por la calidad moral de quienes administran el poder.