REELECCIONES INDEFINIDAS

 

 

CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL

 

 

   La mafia de la reelección indefinida: el síntoma de una crisis institucional.

 

 

   Por

   Dr. Miguel A.R. Donadío

                Ex Presidente del CGPBB 

              

                                

La discusión sobre las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses ha vuelto a instalarse en el centro de la agenda política. Sin embargo, el verdadero debate no debería limitarse a cuántos mandatos puede ejercer un jefe comunal, sino a qué tipo de democracia pretende construir la Provincia de Buenos Aires. La ley provincial 15.315 intentó poner un límite a una práctica que durante décadas permitió la consolidación de verdaderos feudos municipales. Las interpretaciones posteriores de esa norma, que habilitaron a numerosos intendentes a considerar que su primer mandato no debía computarse, terminaron desnaturalizando el espíritu de la ley. Ahora, con alrededor de setenta intendentes alcanzados por la imposibilidad de volver a competir, el sistema político vuelve a impulsar modificaciones destinadas a mantener abierto el camino hacia una nueva reelección. No se trata de una discusión jurídica aislada. Detrás de ella aparece una concepción del poder que considera al municipio como patrimonio político propio y no como una institución republicana al servicio de los ciudadanos. En numerosos distritos de la provincia, la continuidad de una misma conducción durante décadas —en algunos casos alternándose entre familiares o integrantes del mismo espacio político— plantea un interrogante inevitable sobre la calidad democrática de esas administraciones. La alternancia no constituye un capricho de los constitucionalistas. Es uno de los pilares del sistema republicano porque limita la concentración del poder, favorece la renovación de las dirigencias y reduce las ventajas que inevitablemente acumula quien gobierna durante largos períodos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, en distintos pronunciamientos vinculados con los principios republicanos, que la periodicidad de los mandatos y la alternancia son elementos esenciales del diseño constitucional. En la misma línea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmó que la reelección presidencial indefinida no constituye un derecho humano y que puede afectar gravemente el funcionamiento de la democracia representativa. Quienes defienden las reelecciones indefinidas suelen recurrir a un argumento aparentemente irrefutable: "que decida el pueblo". La frase resulta atractiva desde el punto de vista retórico, pero simplifica un problema mucho más complejo. En una república, la voluntad popular se expresa dentro de reglas institucionales previamente establecidas. Ninguna mayoría puede justificar la eliminación de los límites que precisamente fueron creados para evitar la concentración permanente del poder. El problema adquiere una dimensión aún mayor cuando se observa el funcionamiento político de muchos municipios bonaerenses. En numerosos distritos, el municipio constituye el principal empleador local. Miles de familias dependen directa o indirectamente del presupuesto municipal. La contratación de proveedores, la distribución de obra pública, el manejo de la publicidad oficial y la influencia sobre buena parte del ecosistema comunicacional generan una ventaja estructural difícil de igualar por cualquier oposición. A ello se suma otro déficit histórico de la política bonaerense: la ausencia de un régimen moderno y transparente de financiamiento de las campañas municipales. Mientras el origen y destino de importantes recursos económicos continúa siendo materia de escaso control institucional, las diferencias entre oficialismos consolidados y oposiciones fragmentadas tienden a profundizarse. El resultado es un escenario donde la competencia electoral difícilmente puede desarrollarse en condiciones plenamente equitativas. No basta entonces con sostener que existen elecciones periódicas; también debe garantizarse que todos los actores puedan competir en igualdad de oportunidades. Los datos sociales tampoco parecen avalar la permanencia indefinida de los mismos liderazgos. Muchos de los municipios gobernados durante décadas por una misma fuerza política continúan exhibiendo elevados índices de pobreza, déficits de infraestructura, servicios públicos insuficientes y escasos indicadores de desarrollo sostenible. La continuidad prolongada en el poder no ha sido, por sí misma, garantía de mejores gobiernos. Por eso, el debate no debería agotarse en prohibir o permitir una nueva candidatura. La Provincia necesita avanzar hacia una reforma institucional mucho más profunda. La autonomía municipal prevista por la Constitución Nacional continúa siendo una deuda pendiente en Buenos Aires. Resulta imprescindible discutir calendarios electorales propios para los municipios, mecanismos que reduzcan el efecto arrastre de las elecciones provinciales y nacionales, normas claras sobre financiamiento de campañas, controles efectivos sobre el uso de los recursos públicos y organismos de fiscalización verdaderamente independientes. La democracia no se fortalece cuando los dirigentes encuentran mecanismos para permanecer indefinidamente en el poder. Se fortalece cuando las instituciones funcionan, cuando existen límites claros, cuando la competencia es genuina y cuando ningún cargo público puede confundirse con un derecho adquirido. Las reelecciones indefinidas no representan solamente una discusión electoral. Constituyen una prueba decisiva sobre la vigencia del principio republicano en la provincia más importante del país. Allí donde la alternancia desaparece, la democracia comienza lentamente a confundirse con la administración permanente del poder. Y cuando eso ocurre, los principales perjudicados no son los dirigentes políticos. Son, una vez más, los ciudadanos. Cuando escuchen a alguien defender las reelecciones sepan que están ante un corrupto. La reelección de los intendentes bonaerenses es un cáncer institucional que hay que desterrar definitivamente.